VEREDA SANTA BÁRBARA EXIGE JUSTICIA A ALCALDÍA DE AIPE.

Alrededor de 70 familias son las que vienen padeciendo problemas de transporte por más de 10 años, a causa de la administración del municipio de Aipe y por la falta de gestión en mantenimientos de la malla vial que los comunica con la Capital Petrolera del Huila.

Aproximadamente hace 25 años, un grupo de personas crearon una cooperativa para retornar al campo, Inés Bonilla Ramírez y otras personas compraron una finca en cercanía del municipio de Aipe, así iniciaron el proceso de parcelación.
La finca queda ubicada sobre la vía que conduce de Aipe a Praga, a más o menos 40 minutos de Neiva, el proceso de parcelación fue realizado con los procesos debidamente legalizados por parte de la Administración Municipal de Aipe. Después de que la Alcaldía diera el permiso de parcelación, se trazó el mapa y dentro de este, como en todo proyecto, se incluyó el tema de carreteras.
En el año 2000, después de hacer la parcelación, el alcalde de esa época que era Octavio Conde Lasso prestó la maquinaria a la comunidad, la hoy llamada vereda Santa Bárbara; la gente aportó los materiales e hicieron la carretera con forme al plano, proyectado dentro del desenglobe.
La comunidad estuvo muy feliz, pero después de 12 años a causa del invierno, que cada año se presenta en el departamento del Huila, se han generado múltiples daños en la malla vial, desde ese entonces al parecer las administraciones que pasaron por la Alcaldía de Aipe no dieron ningún apoyo para esta comunidad.
Sin procesos de actualización
Según Rafael Picón Bonilla, hijo de Inés, manifestó que en el transcurso de ese tiempo las administraciones de la Capital Petrolera del Huila, no realizaron ninguna actualización en el panorama de vías, “resulta que la administración tiene que hacer una actualización del panorama de vías y al parecer desde el año 2010, esa actualización no se ha realizado”, expresó el joven preocupado.
En el 2012 la madre de Rafael realizó un derecho de petición, en el que le pregunta al alcalde de Aipe sobre los proyectos planeados para el mantenimiento de esa vía, muy bien se sabe que esta conduce del municipio de Aipe a la vereda Santa Bárbara, es una vía terciaria y por este motivo las leyes colombianas no estipulan la obligación de las administraciones municipales del arreglo total de esta malla vial, pero sí estipula que las administraciones están en la obligación de realizar el mantenimiento.
“Mi madre le envía el derecho de petición, la respuesta que dieron fue que el mantenimiento de la vía sí estaba  dentro del plan de gobierno, una respuesta muy conveniente para salir del paso”, según Rafael.
Al pasar de los tiempos, Rafael y su madre instauraron una acción popular, después de meses, iniciaron una conciliación entre los habitantes de la vereda afectada y la Alcaldía de Aipe, al parecer la única respuesta era que la Alcaldía Municipal no iba a realizar dicho mantenimiento porque son obras cuantiosas, cuando la definición técnica de vías terciarias, que son vías que por sus características de tráfico y de cuestiones climáticas son vías que no necesariamente necesitan estar pavimentadas, pero que requieren un cronograma de actividades.
Otro año más
A mediados de 2013 fue favorable el fallo de la acción popular, en el que el Juzgado Civil Municipal dictaminó que la Alcaldía debe hacer el mantenimiento a las vías, pero con un plazo hasta diciembre de 2013 para que inicien labores de mantenimiento.
Faltando dos meses, después de que Inés y Rafael se dieran cuenta que la Alcaldía no realizaba nada, se reunieron con los demás habitantes de la verdad donde optaron nuevamente en interponer un derecho de petición, solicitándole el cronograma de actividades del mantenimiento de las vías, pero al parecer jamás respondieron dicho derecho de petición.
La comunidad al ver que la Administración no realizaba nada del mantenimiento de la malla vial, en cabeza de Rafael inició una acción de tutela, en la que se centraban en la contestación del derecho de petición; la respuesta era que realizarían los trabajos, pero según declaraciones de la comunidad, dicha labor nunca fue realizada.
“En el año 2014 después del fallo de la tutela, en una reunión que tuvimos con la Alcaldía, nos respondieron que ellos no van a intervenir esa vía porque al parecer es un predio privado, por lo cual podrían incurrir en peculado”, manifestó Rafael Picón.
Según parece, la respuesta dada por la Administración de Aipe es motivo para que no puedan invertir en terrenos privados, y denomina la vía, ya no como una terciaria, sino como una servidumbre.
Según Inés Bonilla Ramírez, la Alcaldía de Aipe podía arreglar dicha vía de una forma adecuada, que es convertirla en utilidad pública, “estas vías como trochas y caminos, la Alcaldía puede declararlas como de utilidad pública, y después, ahí sí en consejo, podrían intervenir los recursos”, manifestó la mujer afectada.
“Entregaron un reporte falso”
Después de que el Juzgado le exigiera el reporte a la Administración Municipal de la Capital Petrolera del Huila, al parecer entregaron un reporte falso, “como la juez no le dijo a ellos exactamente qué hacer, dejaron las cosas así y prefirieron hacer un simulacro para demostrar que la vía ya estaba arreglada, pero el reporte era falso, era un informe de otra vías”, denunció Rafael Picón.
Al ver esta situación, Rafael tomó nuevamente la iniciativa y denunció el tema, por lo cual se leyó el informe de aproximadamente cuatro mil páginas y logró detectar dicha irregularidad, “le envío nuevamente un orificio al Juzgado Segundo Civil Municipal porque ese informe era solo una acción de la Alcaldía para dilatar el proceso y ser archivado, entonces el juzgado nombró un perito que debe ser un ingeniero civil, esto ha sido un proceso muy demorado porque además del tiempo que toma para posesionarse, pasado dos meses renuncia; esa situación pasó no solo una, sino tres veces y consecutivamente”, manifestó el joven disgustado .
Después de pasar casi otro años más, la juez encargada del caso decidió delegar la responsabilidad a la Secretaría de Vías e Infraestructuras de la Gobernación del Huila, concretamente a Germán Casagua, quien recibió el proceso y designó al ingeniero John Freddy Mayumbo para que diera inicio al  peritaje, “él va y toma unas fotos, nos acercamos con la comunidad al final de su labor y le preguntamos que cómo quedó el informe, un informe dado por el juzgado, dictaminando un cuestionario y donde aclaró que el informe de la Alcaldía de Aipe no correspondía a la vía, y que en realidad sí se necesita el mantenimiento”.
El invierno también los agobia
En el 2016 y 2017, al verse muy afectados por la ola invernal que cada año golpea al Departamento y al darse cuenta que la Administración de Aipe no los ayudaba, la comunidad decidió arreglar los puentes que tenían, pero a causa de las lluvias que se presentaron en el mes de enero del presente año, se volvieron a caer, debido a que eran solo arreglados con madera e improvisaciones de la comunidad.
A causa de estos peligros y además porque ya no cuentan con puentes adecuados para transitar porque algunos tramos tienen una altura de aproximadamente 15 metros y es un peligro para la transportarse, la comunidad decidió optar nuevamente por otra acción de tutela, pero expresando la vulnerabilidad de la vida y el bienestar de la comunidad del sector.
“Al vernos en la últimas, solicitamos la ayuda de la Defensoría del Pueblo en una coadyuvancia, pero ellos respondieron que la Defensoría no se prestaba para esos temas”, manifestó Picón.
Según la coadyuvancia en la acción de tutela, se resalta que está expresamente prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, y que frente a la misma la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente: El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso, podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud. Para actuar como coadyuvante, la jurisprudencia ha interpretado que la disposición antes transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un interés legítimo en el resultado del proceso. Luego, si el juez de tutela ha acreditado el interés del tercero o terceros intervinientes para actuar dentro del proceso, se les debe permitir su vinculación sin que para el efecto se señale una forma específica para hacerlo.
Ahora Rafael, su madre, y demás habitantes del sector aclaman la ayuda total de la justicia colombiana, ya que a causa de ello y a la espera de la reacción de los que hacen cumplir las leyes en Colombia, además de sufrir por el mal estado de la malla vial, también han estado sufriendo por su salud.

Enero 29 de 2017.

Por: César Escallón, Diario del Huila.

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