UN EXALCALDE CON UN PIE EN LA CÁRCEL. La Nación.

Severiano Lugo Vargas, ex alcalde de Aipe.

Por adjudicar a dedo dos contratos supuestamente para pintar las escuelas urbanas y la infraestructura deportiva, el ex alcalde de Aipe, Severiano Lugo Vargas, quedó con un pie en la cárcel.   
Los contratos, cercanos a los 20 millones de pesos, fueron adjudicados directamente, sin proceso de selección, ni cotizaciones. Además, con sobrecostos y sin pagar el IVA como era lo procedente. 
El destino final del material nunca se conoció. Según la argumentación, la pintura estaba destinada para pintar los centros educativos urbanos y otros para infraestructura deportiva en la parte alta. Los contratos incluían entrega de pintura, esmalte, brochas y rodillos. El uso final quedó en el misterio.
“Lo único que se demostró es que Severiano Lugo, para eludir la licitación pública, dividió disimuladamente el objeto del contrato para favorecer al contratista”, precisó el operador judicial.
Los dos contratos superaban el monto para hacerlo directamente. El mandatario estaba obligado a realizar la licitación. Los dos contratos sumaron 20 millones. La mínima cuantía establecida para esa fecha era de diez millones.
La estrategia
El primero de diciembre de 2006, Lugo Vargas suscribió el contrato 410 con Hernán Darío Correcha, representante de inversiones Agrocentro Aipe para suministro de materiales de construcción destinado a las instituciones educativas por 9,61 millones de pesos.
Con el mismo objeto y con el mismo oferente cuatro días después firmó un segundo contrato por 9,97 millones, los dos cercanos a la mínima cuantía.  
En el primer contrato los materiales se vendieron con un mayor valor equivalente al 67,32 por ciento. En el segundo el sobrecosto fue estimado en un 89,08 por ciento, según lo determinaron los investigadores.
Lo curioso: en los centros educativos no se realizó por esa época el mantenimiento en los centros docentes, como lo aseguró. Los propios docentes lo reportaron a un equipo de la Contraloría que adelantaba una auditoría. 
Los materiales fueron recibidos por el almacenista y entregados al secretario de Desarrollo, Jorge Luis Lasso Monte. Esa fue la última pista que se reportó. Algunos educadores consultados confirmaron que por esa época no se pintaron las escuelas. Curiosamente, el tema no se ventiló en la investigación. Lasso fue excluido.
La contratación directa, una de las modalidades más utilizadas por alcaldes y gobernadores, es hoy materia de investigación por parte de las autoridades. El caso de Aipe, es apenas un ejemplo de lo que ocurre en alcaldías y gobernaciones.
La Auditoría General de la República reveló que hasta el mes de julio de 2016, de los 2.035 contratos revisados por esa entidad 1.115 (el 45%) se hicieron directamente. Los contratos ascendieron a 12.853 millones.
Dura condena
Por estos hechos la Fiscalía Once Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito abrió la investigación preliminar el 31 de marzo de 2009.
El 3 de marzo de 2011 formuló la acusación contra el ex mandatario liberal y contra el contratista. La medida fue ratificada el 24 de agosto de ese año por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior.
El exmandatario fue condenado a 48 meses de prisión como responsable del delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Además, fue sentenciado al pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos mensuales (cerca de 37 millones de pesos) y una inhabilidad por 60 meses para desempeñar cargos o funciones públicas. La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior.
A pesar de las condiciones personales, alegadas en su defensa, la corporación judicial no le concedió el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena.  En cambio le otorgó la detención domiciliaria.
El despacho lo absolvió de peculado por apropiación.
Lugo Vargas había sido sancionado por la Procuraduría en el 2011 por adjudicar un contrato por 2.500 millones de pesos sin publicitar la convocatoria.
“Las fallas u omisiones en el estudio de precios del mercado configuraron el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, según el Juez Quinto Penal del Circuito que conoció el caso en primera instancia.
 
La otra versión
La pintura se realizaba rutinariamente durante el mes de diciembre, aprovechando el periodo de vacaciones, alegó Lugo.
Argumentó que el material se adquirió por petición de los padres de familias y los rectores de los colegios y se hizo de manera escalonada y no para eludir la licitación, como lo sustentó el despacho judicial. Pero no quedaron evidencias.
Adujo que cuando firmó los dos contratos estaba vigente el Decreto 2170 de 2002 que modificó la ley 80 de 1993. Según la norma, cuando los contratos sean igual o superior al 10% de la mínima cuantía, las entidades podrán celebrarlos tomando como única consideración los precios del mercado.
Lugo destacó las fallas cometidas por los investigadores, quienes no verificaron las supuestas irregularidades. Además, reclamó la revocatoria y la absolución.
En su criterio los contratos, objeto de la controversia se tramitaron, celebraron y liquidaron con estricto apego a la ley.
 
Las razones
Según el juez, se incumplió por parte de las autoridades competentes de Aipe con el estudio de las condiciones y precios del mercado, como requisito esencial que no puede ser obviado en un proceso de selección contractual. “Igualmente- afirmó- incurrió en un fraccionamiento contractual, violatorio del principio de transparencia”.
La selección del contratista debe hacerse siempre a través de licitación o concurso público, salvo, entre otros, los casos de menor cuantía, determinada según los presupuestos anuales.
El mandatario no cumplió con estos requisitos. Tampoco la consulta de precios del mercado, ante la carencia de oferentes y frente a la potencial imposibilidad del ente territorial de acceder a la consulta de precios o condiciones del mercado. Ni siquiera dejó constancia de haber realizado estudio alguno.
“El estudio de condiciones y precios del mercado-insistió el juez- es un requisito esencial frente a la contratación estatal y por consiguiente su deficiencia o no realización impiden comparar los precios del mercado local, con el propósito de evitar la sobrefacturación”. Esa circunstancia configuró el delito.
“Resulta incuestionable que el ente municipal, de manera engañosa disolvió la materia del contrato para darle a los elementos resultantes la apariencia de contratos autónomos o independientes, con la finalidad de recurrir a la contratación directa”, argumentó por su parte el magistrado Álvaro Arce Tovar.
A pesar de las condiciones personales alegadas la corporación judicial le negó la suspensión de la pena por el monto de la pena (superior a tres años) pero “esencialmente por tratarse de un delito doloso contra la administración pública”.
El ex mandatario interpuso el último recurso de casación pidiendo la revocatoria. El término vencerá el primero de febrero próximo. La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra.
 
 La contratación directa

La contratación directa en las entidades territoriales, sin licitación, alcanza ya $9,4 billones (83%), reportó el auditor General de la República, Carlos Felipe Córdoba.

Hasta el mes de julio de 2016, de los 2.035 contratos revisados por la Auditoría General, 1.115 (el 45%) se hicieron directamente. Los contratos ascendieron a 12.853 millones.

Según el reporte oficial, más de la mitad, el 53 por ciento de los contratos ejecutados en el 2015 en el caso del Huila se otorgaron sin licitación.

En los dos últimos años se adjudicaron por esta modalidad 3.1 billones de pesos. Neiva se convirtió en el municipio campeón en esta modalidad con el 71% registrado en el 2015.

La mayor inversión se realizó con recursos propios correspondientes a $17.471 millones, los que equivale a 1.031 contratos, el 61% del valor total reportado en el Huila.

El 84% de la contratación se realiza con contratistas privados lo cual equivale a 1.972 contratos por $24.141 millones.

En promedio, a nivel país más del 60% de los recursos invertidos en procesos de selección en las regiones se hace sin licitación, sin someterlos a convocatoria pública.

El organismo de control reveló que las contrataciones recurrentes se hacen preferencialmente con las mismas asociaciones, corporaciones, fundaciones, universidades, comités de cafeteros, entidades públicas, cooperativas entidades sin ánimo de lucro. Es una conducta típica detectada en alcaldías y gobernadores. (Ver recuadros)

Escrito por  RICARDO AREIZA. La Nación.

Enero 19 de 2017.

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